VOX denuncia: el Gobierno asturiano ignoró durante cinco años el deterioro estructural de la pasarela de El Carbayu
Llevan cinco años mirando hacia otro lado mientras la estructura se degrada por la corrosión generalizada y la pérdida de sección en los elementos de apoyo.
Gonzalo Centeno, diputado de VOX en la Junta General del PrincipadoVOX en la Junta General del Principado de Asturias ha encendido las alarmas sobre el estado de la pasarela peatonal de El Carbayu, en el municipio de Lugones, tras acceder a documentación oficial que demuestra que la Consejería de Movilidad conocía desde octubre de 2021 la gravedad del deterioro estructural de esta infraestructura. El diputado Gonzalo Centeno ha sido el encargado de presentar ante los medios los hallazgos que, según VOX, revelan cinco años de inacción institucional ante un peligro documentado y certificado por los propios técnicos del Gobierno del Principado.
El informe de inspección principal elaborado en 2021 ya clasificaba los daños presentes en los elementos no estructurales con un Índice de Estado N3, una calificación que en la terminología técnica de evaluación de infraestructuras describe una evolución patológica del deterioro con potencial afección directa sobre la seguridad de los usuarios. No era un aviso menor ni una advertencia preventiva: era un diagnóstico de daño activo, documentado y registrado por los propios servicios técnicos de la administración autonómica.
Centeno lo ha expresado sin ambigüedad: "Llevan cinco años mirando hacia otro lado mientras la estructura se degrada por la corrosión generalizada y la pérdida de sección en los elementos de apoyo." La acusación no es meramente política. Está respaldada por un informe técnico oficial que la propia Consejería de Movilidad tiene en su poder desde hace más de cuatro años y sobre el que, según VOX, no se han adoptado medidas estructurales de ningún tipo.
Lo que hace especialmente grave la situación es el uso cotidiano que tiene esta pasarela. Cada mañana, más de ciento cincuenta niños la cruzan para acudir al colegio. No es una infraestructura de uso esporádico o marginal: es un corredor escolar diario. La combinación de deterioro estructural certificado y uso masivo infantil convierte el asunto en una cuestión de seguridad pública de primera magnitud, más allá de cualquier disputa partidista.
La pregunta que sobrevuela el debate es inevitable: si el informe existía desde 2021, si los niveles de daño ya eran entonces preocupantes, y si la pasarela ha continuado siendo utilizada a diario por decenas de escolares durante cuatro años más, ¿qué habría ocurrido si la estructura hubiera cedido antes de que VOX pusiera este asunto sobre la mesa? La respuesta incómoda es que nadie en el Gobierno del Principado parece haber querido formulársela.
Un cuadro patológico documentado que nadie quiso ver
El informe técnico de 2021 no se limitaba a señalar un deterioro genérico o una degradación superficial. Detallaba con precisión los elementos afectados y la naturaleza de los daños, configurando un cuadro patológico que habría justificado por sí solo una intervención inmediata. La corrosión generalizada afectaba tanto a la viga tipo celosía como a los fustes de las pilas metálicas, es decir, a los componentes que soportan la carga estructural del conjunto.
Corrosión generalizada en la viga tipo celosía y en los fustes de las pilas metálicas.
Fisuras horizontales y desconchones en el cargadero de hormigón del estribo izquierdo.
Incumplimiento de la normativa de protección antivandálica, sin la extensión mínima exigida.
Degradación del firme y pérdida de la protección en elementos críticos.
Índice de Estado N2 y N3 en distintos componentes, indicando evolución patológica con riesgo para la seguridad.
El índice N2 con el que también se clasificaban algunos daños en el informe indica una situación de deterioro avanzado que, combinado con las calificaciones N3, dibuja una infraestructura que en 2021 ya estaba en una situación comprometida. Cuatro años después, sin intervención estructural documentada, los propios técnicos han confirmado que los daños se han agravado notablemente. La corrosión no se detiene sola. La pérdida de sección en elementos metálicos es un proceso progresivo e irreversible si no se actúa.
Ante este panorama, la respuesta del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha resultado especialmente llamativa. Las actuaciones anunciadas o contempladas desde la Consejería se han referido a operaciones de repintado y tratamiento antideslizante, es decir, intervenciones de mantenimiento superficial que no abordan en absoluto los problemas estructurales identificados en el informe.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Siero, Josué Velasco, no ha tenido reparos en calificar esta actitud de "insulto a los vecinos" y ha resumido con claridad la paradoja: "Pintar sobre el óxido no soluciona una deficiencia estructural. Es un maquillaje peligroso para ocultar la realidad." La metáfora es precisa y políticamente devastadora: aplicar pintura sobre una estructura corroída no solo no resuelve el problema, sino que lo oculta visualmente, dificultando la detección del deterioro real.
VOX lleva la denuncia al Pleno y al Ayuntamiento de Siero
El municipio de Siero y, más concretamente, el barrio de Lugones, concentra en esta pasarela un nudo de responsabilidades cruzadas que complica la rendición de cuentas. La infraestructura depende competencialmente de la Consejería de Movilidad del Principado, pero su uso cotidiano afecta directamente al tejido escolar y vecinal del municipio, cuya corporación local tiene también voz en la exigencia de actuaciones.
VOX ha articulado su denuncia en dos frentes simultáneos. Por un lado, el diputado Centeno ha anunciado que llevará el asunto al Pleno de la Junta General del Principado, donde exigirá una respuesta formal al Gobierno autonómico sobre las razones por las que no se actuó tras el informe de 2021 y cuál es el plan de actuación previsto. Por otro, el portavoz municipal Velasco impulsará la misma demanda en el Ayuntamiento de Siero, reclamando la redacción inmediata de un proyecto para la sustitución total de la pasarela.
La exigencia de sustitución total, y no de reparación parcial, es un elemento central en la posición de VOX. El partido considera que el nivel de deterioro acumulado hace inviable una solución de parcheo y que la única respuesta proporcionada a la situación es la construcción de una nueva pasarela. Junto a ello, reclaman una nueva inspección técnica urgente que actualice los niveles de deterioro reales con datos de 2026, ya que el informe disponible data de 2021 y el propio Gobierno reconoce que la situación se ha agravado.
La cronología de los hechos resulta, en este sentido, especialmente reveladora. El informe existe desde octubre de 2021. Ha habido desde entonces cambios en los equipos de gobierno municipal y autonómico, debates presupuestarios, planes de inversión en infraestructuras y declaraciones sobre modernización de las comunicaciones en el Principado. Y durante todo ese tiempo, una pasarela con daños estructurales certificados y niveles de deterioro N2 y N3 ha seguido siendo utilizada cada día por escolares, vecinos y trabajadores sin que ninguna autoridad competente haya ordenado una intervención estructural.
La pregunta que VOX traslada ahora a las instituciones es si hubiera hecho falta una tragedia para que se actuase. Y si la respuesta es afirmativa, a quién le corresponde asumir esa responsabilidad.
El consejero Calvo, en el centro de la interpelación política
El caso de la pasarela de El Carbayu no es un hecho aislado en el contexto de la gestión de infraestructuras en Asturias. La comunidad autónoma arrastra desde hace años un déficit estructural en el mantenimiento de sus activos de obra pública, agravado por los vaivenes presupuestarios y por una cultura administrativa que tiende a posponer las intervenciones preventivas hasta que el deterioro se convierte en emergencia.
El sistema de inspección de infraestructuras, cuando funciona correctamente, está diseñado precisamente para evitar que eso ocurra: detectar el deterioro en fases tempranas, clasificar la gravedad mediante índices normalizados y activar los mecanismos de intervención antes de que los daños alcancen niveles críticos. En el caso de El Carbayu, ese sistema funcionó en su fase diagnóstica: el informe de 2021 identificó correctamente los problemas y los clasificó con los índices adecuados. Lo que falló fue la respuesta institucional posterior.
Gonzalo Centeno ha insistido en que VOX no cuestiona el trabajo de los técnicos que elaboraron el informe, sino la decisión política de no actuar sobre sus conclusiones. "Los técnicos hicieron su trabajo. El problema es que quienes tenían que ordenar la intervención decidieron ignorarlo", ha señalado el diputado. Es una distinción relevante: la responsabilidad no recae sobre la administración técnica, sino sobre los responsables políticos que recibieron el informe y no adoptaron las medidas que este recomendaba.
Esta diferenciación es también una estrategia política calculada. VOX no ataca al funcionariado asturiano, sino al Gobierno del Principado y, concretamente, a la Consejería de Movilidad. El objetivo es personalizar la responsabilidad en los titulares políticos de la cartera, que son quienes han tenido en su poder, durante cuatro años, la documentación que acredita el riesgo y quienes no han ordenado la actuación estructural necesaria.
El consejero Alejandro Calvo se convierte así en el centro de la interpelación política. Su respuesta pública ha consistido en minimizar la gravedad de la situación apelando a actuaciones de mantenimiento superficial, una postura que VOX considera no solo insuficiente sino activamente engañosa, en la medida en que sugiere que la situación está bajo control cuando la documentación técnica disponible indica lo contrario.
Ciento cincuenta niños cruzan cada mañana una estructura en riesgo
La presión política que VOX ha activado sobre la pasarela de El Carbayu llega en un momento en que la cuestión de la seguridad en infraestructuras públicas tiene una sensibilidad especial en toda España. Los recientes debates sobre el estado de puentes y pasarelas en distintas comunidades autónomas han puesto de relieve hasta qué punto el mantenimiento de la obra pública ha sido sistemáticamente postergado en favor de nuevas construcciones, más visibles electoralmente pero menos urgentes desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.
En Asturias, la combinación de envejecimiento del parque de infraestructuras y los efectos de la climatología atlántica sobre los materiales metálicos crea condiciones especialmente adversas para el mantenimiento. La corrosión avanza con mayor rapidez que en otras regiones, y los ciclos de humedad y temperatura aceleran la degradación de los elementos de acero. Los técnicos que elaboraron el informe de 2021 eran conscientes de ello: de ahí que clasificaran los daños con índices que implicaban potencial riesgo para la seguridad.
VOX ha conseguido con esta denuncia colocar al Gobierno del Principado en una posición incómoda. Si la Consejería de Movilidad responde aumentando el alcance de las intervenciones previstas, reconocerá implícitamente que las actuaciones anunciadas hasta ahora eran insuficientes. Si mantiene su posición de que las medidas de mantenimiento superficial son adecuadas, quedará confrontada con la documentación técnica oficial que certifica un deterioro de mayor calado.
El Pleno de la Junta General y el Ayuntamiento de Siero serán los próximos escenarios donde esta disputa se dirima. VOX ha anunciado que llevará a ambas instancias no solo la denuncia pública, sino la documentación técnica que la respalda, forzando a los demás grupos parlamentarios y municipales a posicionarse ante un informe que el propio Gobierno tiene en su poder desde hace más de cuatro años.
Mientras tanto, en Lugones, cada mañana escolar, más de ciento cincuenta niños siguen cruzando la pasarela de El Carbayu. La estructura sigue en pie. Pero la pregunta que VOX ha logrado instalar en la agenda política asturiana es cuánto tiempo más puede seguir así sin que alguien asuma la responsabilidad de actuar. Y si la respuesta llega demasiado tarde, quién tendrá que dar explicaciones.
Cinco años de informes archivados. Cinco años de niños cruzando una pasarela con daños estructurales certificados. La documentación existe. La responsabilidad política también. Solo falta que alguien en el Gobierno del Principado decida actuar antes de que sea demasiado tarde.