La ley que Sánchez no aplicará contra los suyos
Si el odio fuera realmente el objetivo, el primero en rendir cuentas sería el bloque que sustenta al propio Gobierno.
La pregunta que nadie en el Parlamento se atreve a pronunciar con tanta claridad: ¿a quién va dirigida realmente esta ley?
Mientras España debate si la democracia sigue en pie, Pedro Sánchez ha anunciado su intención de impulsar una legislación que, bajo el amparo de combatir el odio, amenaza con convertirse en una herramienta de censura dirigida selectivamente contra la oposición. La propuesta ha encendido todas las alarmas entre juristas, periodistas y ciudadanos que recuerdan demasiado bien cómo los gobiernos con mayorías prestadas utilizan la letra de la ley para silenciar las voces incómodas.
Santiago Abascal ha sido, una vez más, el político que ha puesto el dedo en la llaga. Mientras el presidente del Gobierno presenta su proyecto como una iniciativa de convivencia y respeto, el líder de Vox ha formulado la pregunta que nadie en el Parlamento se atreve a pronunciar con tanta claridad: ¿a quién va dirigida realmente esta ley? Porque la respuesta, si uno observa el panorama político español con honestidad, no resulta nada tranquilizadora.
España lleva años asistiendo a una escalada verbal que, curiosamente, siempre parece proceder del mismo espacio ideológico sin que las instituciones reaccionen. Se escuchan consignas que llaman a acabar con quienes el extremismo progresista etiqueta como fascistas. Se ven declaraciones que alientan un cambio en la composición demográfica del país. Se oyen voces que defienden a regímenes calificados internacionalmente como patrocinadores del terrorismo. Y todo ello, en la más absoluta impunidad.
La pregunta que late en el fondo de este debate no es si España necesita o no una ley contra el odio. La verdadera pregunta es si esa ley se aplicará con igual rigor a todos los actores políticos, o si servirá únicamente para perseguir a quienes se atrevan a defender a España, su identidad y sus instituciones. El historial reciente del Gobierno de Sánchez invita a temer lo peor.
"La ley anti odio de Sánchez no perseguirá a sus socios: los perseguirá a ellos."
La doble vara de medir en el discurso del odio
Retomando el hilo de lo que se ha descrito como una ley de geometría variable, conviene detenerse en los actores que quedan, llamativamente, fuera del foco gubernamental. Podemos, formación socia del Ejecutivo en etapas recientes y todavía con presencia en numerosas instituciones, ha sostenido discursos que abogan abiertamente por una transformación radical de la población española. Sus dirigentes han defendido modelos migratorios que, en sus propias palabras, implican una reconfiguración de la España que conocemos.
Más allá de la retórica, algunos de sus representantes han expresado solidaridad activa con organizaciones y gobiernos que la Unión Europea y los organismos internacionales clasifican como promotores del terrorismo. ¿Constituye eso odio según la futura ley de Sánchez? La respuesta del Gobierno, hasta ahora, ha sido el silencio. Un silencio que ensordece.
Pero el problema no se detiene ahí. En los últimos años, determinados sectores del independentismo catalán y vasco han vertido declaraciones públicas que, de proceder de cualquier político de derechas, habrían desatado una tormenta mediática e institucional sin precedentes. Se han lanzado proclamas que alientan la fractura territorial de España, que deslegitiman las fuerzas de seguridad del Estado y que presentan la unidad nacional como una forma de opresión.
Y mientras todo eso ocurría, los medios afines al poder y algunos miembros del gabinete se dedicaban a señalar a Vox como la fuente de todos los males discursivos de la democracia española. La manipulación del concepto de odio para construir un enemigo político interno tiene nombre y apellidos. Y Santiago Abascal lleva años denunciándolo sin que nadie en el bloque progresista haya podido rebatirle con datos.
Cuando el odio solo se ve en una dirección
Conectando con la doble vara de medir ya descrita, surge un tercer escenario que resulta todavía más inquietante: el trato institucional que reciben quienes dirigen su violencia verbal contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En los últimos años, España ha sido testigo de manifestaciones donde se coreaba abiertamente que había que patear a los guardias civiles. Concentraciones donde se escupía sobre la Policía Nacional. Eventos en los que los agentes eran fotografiados y señalados como objetivo del escarnio público.
Las respuestas institucionales a esos episodios brillaron por su ausencia. No hubo fiscalía moviéndose con urgencia. No hubo ministros saliendo en defensa de quienes arriesgan su vida para proteger a los ciudadanos. No hubo ninguna propuesta legislativa orientada a castigar ese particular tipo de odio. Solo el ensordecedor mutismo de un gobierno que, sin embargo, ahora pretende erigirse en árbitro de lo que se puede o no se puede decir en España.
"Una ley de partido. Una ley orientada a perseguir al adversario político mientras protege al aliado ideológico."
Este es el nudo gordiano de la cuestión: una ley contra el odio, en manos de un ejecutivo que pacta con quienes insultan a los guardias civiles, que gobierna con el apoyo de partidos que defienden a organizaciones terroristas y que ha indultado a condenados por sedición, no puede aspirar a la neutralidad. Será, inevitablemente, una ley de partido, orientada a perseguir al adversario político mientras protege al aliado ideológico.
Abascal y Vox han sido los únicos en señalar esta paradoja con coherencia y sin complejo. La defensa de España, de sus fuerzas de seguridad, de su integridad territorial y de su identidad cultural no puede ser criminalizada mientras se ampara a quienes quieren desintegrarla desde dentro.
La verdad que Sánchez no quiere que digas
La respuesta a todo lo anterior tiene una lógica aplastante que el Gobierno prefiere no discutir en términos directos. Si la ley contra el odio se aplicara con imparcialidad real, el primero en verse afectado sería el propio bloque que la impulsa. Porque el odio, entendido como la incitación a la violencia, la demonización del adversario y la negación de la legitimidad democrática del contrario, no ha venido en esta legislatura desde la derecha española. Ha venido, sistemáticamente, de la izquierda radical y de los nacionalismos separatistas que sostienen a Sánchez en el poder.
Comprender esto es fundamental para entender por qué el patriotismo honesto que representa Abascal resulta tan incómodo para el régimen mediático e institucional que rodea al Ejecutivo. Vox no insulta a los guardias civiles. Vox no defiende a organizaciones terroristas. Vox no llama a reemplazar a los españoles. Vox no quiere romper España en pedazos. Vox defiende la nación, las fronteras, la familia y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y eso, en la España de Sánchez, parece ser el verdadero odio que hay que perseguir.
El ciudadano español que observa este espectáculo con los ojos abiertos tiene en sus manos la herramienta más poderosa contra cualquier intento de censura ideológica: la información, el voto y la voz. Informarse sobre lo que esta ley implica realmente, difundir el análisis que los medios afines al poder no harán y apoyar a quienes, como Santiago Abascal, tienen la valentía de decir en voz alta lo que muchos piensan.
La historia juzgará a quienes usaron la ley para callar a sus adversarios. Y también juzgará a quienes tuvieron el coraje de no callarse. España merece una democracia en la que el odio se persiga de verdad, sin importar de qué lado del espectro político provenga. Ese es el estándar. Y ese es el reto que Sánchez, de momento, no está dispuesto a aceptar.
Desde Creando Noticias, continuaremos diciendo lo que otros callan.