Hay que defender
la Corona española

Hay verdades que incomodan a quienes quieren destruir España, y una de las más poderosas es esta: la Corona española es el último gran símbolo de unidad que le queda a una nación amenazada desde dentro. No es un símbolo decorativo ni un vestigio del pasado que sobrevive por inercia. Es el eje invisible que sostiene la arquitectura entera de lo que llamamos España. Y sin embargo, rara vez se explica con claridad qué es exactamente la Corona, qué puede hacer, qué no puede hacer, y por qué defenderla no es un acto de nostalgia monárquica sino un imperativo de supervivencia nacional.

Vivimos tiempos en los que el ataque al Rey se ha convertido en deporte mediático, en moneda política, en bandera de quienes no quieren reformar España sino liquidarla. Pero para entender por qué ese ataque es tan peligroso, primero hay que entender qué es la Corona en realidad y qué papel cumple dentro del sistema que los españoles acordaron después de la muerte de Francisco Franco.

Porque todo empezó con un pacto. Un pacto histórico, imperfecto como todos los pactos humanos, pero necesario para que España pasara de la dictadura a la democracia sin hundirse en el caos. Un pacto que definió, con precisión quirúrgica, qué podía y qué no podía hacer el Rey. Un acuerdo que transformó la Corona en algo que muchos confunden con debilidad, pero que en realidad es su mayor fortaleza constitucional.

Cuando Francisco Franco murió en noviembre de 1975, España se encontró ante una encrucijada histórica sin precedentes en el siglo XX. El régimen que había gobernado el país durante casi cuarenta años se desmoronaba, y con él, la pregunta más urgente no era quién gobernaría España, sino qué forma tendría ese gobierno. La monarquía o la república. La continuidad o la ruptura. La estabilidad o el vacío.

Fue en ese momento cuando se forjó el acuerdo que los españoles conocemos como la Transición. Y en el centro de ese acuerdo estaba la Corona. Los distintos actores políticos del momento comprendieron que España necesitaba un punto de anclaje, un elemento de continuidad que permitiera pasar de un régimen a otro sin que el Estado se derrumbara. Ese punto de anclaje fue el Rey.

El Rey ya no sería un gobernante con poder ejecutivo real. No dirigiría el gobierno. No mandaría sobre las Fuerzas Armadas en sentido operativo, aunque su título formal siguiera siendo el de Jefe Supremo. No podría intervenir en las decisiones políticas del día a día. Reinaría, sí, pero no gobernaría.

Comprender que el Rey no puede resolver los problemas de los españoles no es admitir una derrota institucional. Es reconocer el diseño deliberado de un sistema que aprendió de sus propios errores históricos. Durante siglos, la monarquía española acumuló poder y también acumuló el peso de sus fracasos. Guerras dinásticas, colonias perdidas, pronunciamientos militares, dos repúblicas convulsas. España pagó un precio altísimo por confundir a la Corona con el gobierno.

La Constitución de 1978 estableció con claridad meridiana el nuevo rol del Rey. Sus funciones son representativas, simbólicas, arbitrales. El artículo 56 define al monarca como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. No como su director, no como su juez supremo. Como árbitro y moderador.

Esto significa que cuando el gobierno de España comete errores gravísimos, cuando destruye la igualdad de los españoles ante la ley, cuando pacta con separatistas que quieren romper la nación, el Rey no puede salir a la tribuna a declarar que ese gobierno es ilegítimo. No puede dirigir a las Fuerzas Armadas en defensa de la Constitución. No puede vetar las leyes que considera inconstitucionales. Su papel es otro, más sutil, más delicado y, a la larga, más duradero.

Hay una imagen que ayuda a entender la Corona mejor que cualquier artículo constitucional. Imaginad un gran edificio histórico, construido durante siglos, con fachadas de distintas épocas, con grietas en algunos muros, con habitaciones renovadas y otras en ruinas. Ese edificio es España. Y la Corona es la piedra angular, esa pieza colocada en el centro del arco que distribuye el peso de todo lo demás y evita que el conjunto se derrumbe.

La piedra angular no es decorativa. No está ahí por tradición ni por capricho estético. Está ahí porque si se retira, el arco entero colapsa. Y lo que hay debajo del arco, lo que el arco protege, somos todos los españoles. Las distintas regiones, las distintas lenguas, las distintas tradiciones que conviven dentro de un proyecto común que se llama España.

Sin la Corona, España no tiene un punto de referencia común. Sin ese punto de referencia, cada región, cada ideología, cada proyecto político empieza a reivindicar su propio centro de gravedad. Y cuando eso ocurre, el resultado histórico siempre ha sido el mismo: la fragmentación, el conflicto, y en el peor de los casos, la guerra civil.

No es casualidad que el ataque a la Corona se intensifique precisamente cuando quienes gobiernan España son los mismos que quieren destruirla desde dentro. Esta coincidencia no es anecdótica. Es sistemática. Y cuando algo es sistemático, cuando se repite siempre de la misma manera y en las mismas circunstancias, deja de ser coincidencia para convertirse en estrategia.

Observe el ciudadano español con atención: cada vez que un gobierno de Pedro Sánchez necesita desviar la atención de sus propios escándalos, cada vez que los socios independentistas exigen un nuevo tributo de cesión territorial, cada vez que alguien dentro de ese proyecto necesita debilitar un poco más las instituciones que aún resisten, el Rey aparece en los titulares. No por méritos propios, sino porque alguien lo ha puesto ahí.

Santiago Abascal y Vox han señalado esta operación con claridad: no se trata de periodismo de investigación honesto. Se trata de una campaña orquestada para demoler el último símbolo de unidad nacional que queda en pie. Porque si la Corona cae en el desprestigio, el camino hacia la república federal o confederal que sueñan los separatistas se vuelve mucho más transitable.

Llegamos aquí a una de las enseñanzas más importantes de toda esta reflexión, que va mucho más allá de la política y entra de lleno en el sentido común más elemental. Existe una diferencia fundamental entre corregir y destruir. Entre reformar y demoler. Entre exigir responsabilidades y ejecutar una sentencia de muerte institucional.

Pensemos en una familia. Pensemos en un hijo que se ha portado mal, que ha tomado decisiones equivocadas, que ha avergonzado a los suyos con su conducta. La reacción responsable de los padres no es abandonarlo, repudiarlo, borrarlo de la historia familiar y actuar como si nunca hubiera existido. La reacción responsable es corregirlo. Hacerle ver dónde se equivocó. Exigirle que repare el daño.

Con la Corona ocurre exactamente lo mismo. El Rey Felipe VI ha cometido errores. Ha habido momentos en los que su silencio fue demasiado prolongado. Eso es verificable, criticable, y es legítimo señalarlo. Pero de ahí a concluir que España debe abolir la monarquía hay un abismo que solo cruzarían quienes ya han decidido que no quieren salvar a España, sino rematar lo que queda de ella.

La lección histórica más importante que los españoles deberían tener grabada en la memoria es esta: España ya vivió sin la institución monárquica como elemento de unidad nacional, y el resultado fue catastrófico. No una vez. Dos veces. La Primera República de 1873 duró menos de dos años y se fragmentó en cantones que llegaron a declararse independientes los unos de los otros. La Segunda República, proclamada en 1931, derivó en una de las guerras civiles más devastadoras del siglo XX europeo.

No se afirma aquí que la república sea en sí misma un sistema condenado al fracaso. Francia es una república. Alemania es una república. Muchas naciones prósperas y estables son repúblicas. Pero España tiene una historia específica, unas fracturas específicas, unas tensiones territoriales e ideológicas que hacen que el momento y el contexto sean determinantes.

En la España de 2026, con el separatismo catalán y vasco más activo que nunca, con un gobierno que ha pactado con quienes quieren romper el país, con una polarización ideológica que ha convertido el Parlamento en un campo de batalla permanente, abolir la monarquía en este momento no sería una modernización progresista. Sería abrir la caja de Pandora de una crisis constitucional de dimensiones imprevisibles.

Hay algo que los defensores de la abolición monárquica nunca explican con suficiente claridad: qué vendría después. Es fácil construir un relato contra lo que existe. Es mucho más difícil proponer con honestidad lo que se pondría en su lugar y garantizar que funcionaría mejor en las condiciones actuales de España.

Una república presidencial en España implicaría elegir a un jefe de Estado con poderes reales, lo que abriría una competencia política adicional de enorme intensidad en un país que ya está exhausto de polarización. ¿Quién sería ese presidente? ¿Con qué criterios lo elegiría una sociedad tan dividida como la española? ¿Qué pasaría si los separatistas consiguen que su candidato llegue a esa posición?

Santiago Abascal ha insistido en que el problema de España no es la forma del Estado. El problema es la deslealtad de quienes gobiernan hacia la propia nación. Y tiene razón. Cambiar la monarquía por una república no cambia la naturaleza de quienes están dispuestos a destruir España desde el poder. Solo elimina uno de los pocos contrapesos simbólicos que aún quedan.

Defender la Corona no significa defender todos y cada uno de los actos del Rey. Significa defender la institución que el Rey representa y que existía antes que él y debe existir después. Significa entender que hay una diferencia crucial entre el hombre y la función, entre el titular de la Corona y la Corona misma. Una distinción que, paradójicamente, los monárquicos más inteligentes comprenden mejor que algunos de quienes dicen ser los más acérrimos defensores del Rey.

Exigir al Rey que cumpla mejor su función es una obligación democrática. Pedirle que su discurso en los momentos de crisis sea más firme, que su presencia institucional sea más activa en defensa de la unidad de España, que no deje pasar en silencio los ataques más graves a la Constitución que él mismo ha jurado defender, todo eso es legítimo, necesario y urgente.

Vox y Santiago Abascal han mantenido una posición coherente en este sentido: apoyo a la institución monárquica como elemento de unidad nacional, con exigencia de responsabilidades cuando estas proceden, y rechazo frontal a quienes utilizan los errores del Rey como pretexto para liquidar uno de los últimos pilares del Estado español. Es una posición que incomoda a los que atacan desde la izquierda y a los que atacan desde el independentismo.

Al final de esta reflexión queda una verdad que cualquier español de bien puede comprender sin necesidad de ser catedrático de Derecho Constitucional ni historiador de carrera. La Corona española es imperfecta. El Rey que la encarna es un hombre sujeto a errores como cualquier otro. La institución tiene aspectos que deben mejorarse, transparentarse, reformarse si es necesario. Todo eso es cierto.

Pero también es cierto que España es una nación extraordinariamente compleja, con una geografía fragmentada, con lenguas y tradiciones regionales muy marcadas, con una historia de conflictos internos que no han cicatrizado del todo. Y en esa nación compleja, la Corona cumple una función que no podría cumplir ningún presidente elegido por la mitad de los españoles y rechazado por la otra mitad.

Cuando caiga ese símbolo, cuando se apague esa última luz de unidad, lo que vendrá después no será una España más moderna ni más justa ni más libre. Será la oscuridad del conflicto que nunca terminó del todo, la ruptura que siempre estuvo acechando, el regreso de los demonios que España creyó haber dejado atrás.

Por eso hay que defender la Corona. No por el Rey. Por España.