Asarta (VOX) exige "remigración, repatriación y deportación" para frenar el descontrol migratorio y garantizar la seguridad nacional
España enfrenta una encrucijada histórica. Mientras las fronteras se difuminan y el control migratorio se desmorona bajo el peso de políticas erráticas, una voz se alza en el Congreso con la claridad que la situación exige. Alberto Asarta, diputado por Castellón y portavoz de VOX en la comisión mixta de Seguridad Nacional, ha lanzado una declaración que sacude los cimientos del establishment político: "Remigración, repatriación y deportación" son las únicas herramientas capaces de devolver el orden y la seguridad a una nación que ve cómo su soberanía se erosiona día tras día.
No se trata de una propuesta más en el ruido mediático, sino de un plan concreto y contundente que responde a la realidad que millones de españoles viven en sus calles, en sus barrios, en sus ciudades. Mientras el Gobierno socialista y sus aliados impulsan regularizaciones masivas que premian la ilegalidad, y mientras el Partido Popular vota a favor de estas medidas en el Congreso pero simula oposición en el Senado, VOX plantea una alternativa que no teme llamar a las cosas por su nombre. Asarta lo ha dejado meridianamente claro: "El que no respeta nuestras leyes ni nuestras costumbres no puede quedarse en España". Una afirmación que resuena con fuerza en una sociedad cansada de ver cómo la seguridad nacional se sacrifica en el altar del buenismo político.
La propuesta de VOX no surge del vacío ni de la demagogia. Se fundamenta en tres pilares que abordan de manera integral el caos migratorio actual. La remigración apunta directamente a quienes llegan a territorio español con el único propósito de vivir de las ayudas sociales, convirtiendo el sistema de bienestar en un imán que atrae a miles de personas sin voluntad de contribuir al proyecto común. La repatriación se dirige a todos aquellos que han cruzado las fronteras de forma ilegal, violando desde el primer momento la legislación española y europea. Y la deportación inmediata para los extranjeros que delinquen cierra el círculo de una política migratoria basada en el respeto a la ley y la protección del ciudadano.
Asarta ha anunciado que VOX respaldará la creación de una Ponencia específica para analizar el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, pero no sin antes denunciar la hipocresía monumental del Partido Popular. Los populares votaron a favor de la regularización masiva en el Congreso, financian en las comunidades autónomas que gobiernan a ONG que fomentan el efecto llamada y, para completar el espectáculo de la incoherencia, rechazaron en el Senado las enmiendas de VOX destinadas a expulsar a delincuentes extranjeros. ¿Puede haber mayor traición a los intereses de los españoles?
La respuesta a esa pregunta promete ser demoledora. Porque lo que Asarta exige es que la Ponencia no se convierta en otra cortina de humo del bipartidismo, sino en un instrumento de análisis riguroso que aborde con transparencia el impacto real de la inmigración ilegal sobre la seguridad nacional. No basta con estadísticas maquilladas ni discursos políticamente correctos. Los españoles merecen conocer la verdad sobre cómo las políticas migratorias actuales están comprometiendo la estabilidad del país, incrementando la criminalidad en determinadas zonas, saturando los servicios públicos y generando conflictos sociales que antes eran impensables.
El diputado de VOX ha sido implacable al diagnosticar el problema: "La seguridad nacional está hoy seriamente comprometida por una política migratoria errática, improvisada y profundamente irresponsable". Cada una de esas palabras tiene peso. Errática, porque carece de estrategia coherente y cambia según la presión mediática del momento. Improvisada, porque responde a urgencias políticas y no a planificación seria. Irresponsable, porque ignora las consecuencias devastadoras que sus decisiones tendrán sobre las generaciones futuras de españoles. Mientras otros partidos apuestan por el cortoplacismo electoral, VOX se atreve a señalar la realidad sin filtros.
La propuesta de Asarta no se limita al diagnóstico; incluye medidas concretas que la Ponencia debe considerar si realmente pretende solucionar el problema en lugar de perpetuarlo. Primero, revisar exhaustivamente las políticas actuales que favorecen regularizaciones masivas sin control, un sistema que premia al que viola la ley y castiga al que la respeta. Segundo, reforzar de manera efectiva las fronteras españolas, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios materiales y el respaldo legal necesarios para cumplir su misión. Tercero, intensificar la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, desarticulando sus redes y cortando sus vías de financiación.
Pero hay un cuarto elemento que resulta esencial: establecer una cooperación internacional basada en resultados, no en buenas intenciones. España debe negociar acuerdos de repatriación con los países de origen, asegurando que aquellos que no tienen derecho a permanecer en territorio español sean devueltos de forma rápida y efectiva. Esto requiere firmeza diplomática y voluntad política, dos cualidades que brillan por su ausencia en el actual Gobierno. VOX entiende que sin cooperación internacional real, cualquier política migratoria está condenada al fracaso.
La respuesta depende de si el país está dispuesto a abandonar la narrativa impuesta durante décadas por la izquierda progresista y secundada cobardemente por una derecha tibia. Esa narrativa que convierte cualquier intento de control migratorio en un acto de inhumanidad, que confunde la generosidad con la irresponsabilidad y que ha llevado a Europa entera al borde del colapso social. Lo que Asarta propone no es odio ni xenofobia, como intentarán etiquetarlo los medios de comunicación afines al poder. Es sentido común, es justicia, es la obligación primordial de cualquier Estado: proteger a sus ciudadanos.
La remigración para quienes vienen a vivir de las ayudas no es crueldad, es coherencia. Los sistemas de bienestar social fueron creados por y para los ciudadanos que contribuyen al sostenimiento del Estado a través de sus impuestos. Permitir que se conviertan en un recurso de libre acceso para quien simplemente cruza la frontera es insostenible económicamente y socialmente injusto. Los españoles que trabajan, pagan sus impuestos y cumplen las normas tienen derecho a que su esfuerzo no se dilapide en subsidiar la llegada masiva de personas que no aportan al sistema sino que lo parasitan.
La repatriación de quienes han entrado ilegalmente tampoco es negociable. El respeto a la ley debe ser el fundamento inquebrantable de cualquier sociedad que se precie de democrática. Si se normaliza la entrada ilegal, si se premia con regularizaciones y ayudas, el mensaje que se envía es devastador: da igual cumplir las normas, da igual respetar los procedimientos legales, porque al final todos serán recompensados por igual. Esa lógica destruye el contrato social y convierte la ley en papel mojado. VOX exige que quien ha violado la frontera sea devuelto a su país de origen, respetando sus derechos humanos pero también respetando la soberanía española.
Y la deportación inmediata de los extranjeros que delinquen es una cuestión elemental de seguridad ciudadana. No puede ser que un extranjero que comete un delito en territorio español permanezca en el país, beneficiándose de un sistema legal garantista hasta extremos kafkianos mientras sus víctimas sufren las consecuencias. Asarta lo ha expresado con la rotundidad que la situación requiere: quien no respeta nuestras leyes ni nuestras costumbres no tiene cabida en España. Esta afirmación, que debería ser asumida por todos los partidos políticos, es rechazada por quienes anteponen sus ideologías a la seguridad de los españoles.
La batalla por recuperar el control de las fronteras y la seguridad nacional no es solo política, es civilizatoria. España se encuentra en una encrucijada donde debe decidir si quiere seguir siendo una nación soberana, capaz de determinar quién entra en su territorio y bajo qué condiciones, o si prefiere disolverse en un espacio sin ley donde cualquier tipo de entrada es válida y cualquier exigencia es tachada de discriminatoria. VOX, bajo el liderazgo de Santiago Abascal y con diputados valientes como Alberto Asarta, ha elegido su camino: defender la soberanía nacional, proteger a los ciudadanos españoles y rescatar el concepto de frontera del basurero ideológico al que lo ha arrojado la izquierda.
Las enseñanzas que nos deja esta intervención de Asarta son múltiples y valiosas. Primera: no hay política migratoria seria sin control de fronteras. Segunda: la generosidad no puede confundirse con la negligencia; ayudar a quien lo necesita es noble, pero no a costa de la seguridad y el bienestar de los propios ciudadanos. Tercera: la firmeza no es incompatible con la humanidad; exigir el cumplimiento de la ley es la base de cualquier convivencia civilizada. Cuarta: la hipocresía del Partido Popular queda al descubierto cuando votan regularizaciones en el Congreso pero fingen oposición en otros ámbitos, demostrando que no son una alternativa real sino parte del problema.
El consejo que se desprende de todo esto es claro: los ciudadanos deben exigir a sus representantes políticos coherencia, valentía y compromiso con la seguridad nacional. No vale con discursos vacíos ni gestos electoralistas. Hace falta voluntad política para implementar las tres medidas que Asarta defiende: remigración, repatriación y deportación. Hace falta coraje para enfrentar a los lobbies que lucran con la inmigración ilegal. Hace falta determinación para resistir la presión mediática que intentará demonizar cualquier política de control migratorio serio.
España tiene ante sí la oportunidad de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. La Ponencia que se creará puede ser un punto de inflexión si realmente se utiliza para exponer la verdad y proponer soluciones efectivas. Pero eso solo ocurrirá si hay fuerzas políticas dispuestas a romper con el consenso progresista que nos ha traído hasta aquí. VOX ha demostrado una vez más que es la única opción que defiende sin complejos los intereses de los españoles frente a una inmigración descontrolada que amenaza la seguridad, la cohesión social y la identidad nacional.
La pregunta ya no es qué debería hacerse, porque Asarta lo ha explicado con meridiana claridad. La pregunta es si habrá suficientes españoles dispuestos a respaldar estas políticas y suficientes políticos con la columna vertebral necesaria para implementarlas contra viento y marea. El futuro de España como nación soberana y segura depende de la respuesta que demos a esa pregunta. Y el reloj sigue avanzando.